Editorial

Salario mínimo y desequilibrio en el mercado laboral

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El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores sobre la secuencia de reajuste de salario mínimo, para llegar a partir del 1 de julio 2024 a $ 500 mil mensuales, dando respuesta al compromiso de campaña presidencial.

Este reajuste elevará el salario mínimo entre enero del presente año, fecha del último reajuste, y julio del próximo en un 22%. En igual período de tiempo, el costo de la vida subirá, de acuerdo a las estimaciones presentadas en el último IPoM, en cerca de 6%, por lo cual el guarismo de incremento supera largamente la expectativa de inflación, lo que implica un aumento concreto del costo laboral de las PYME, el sector donde esta variable es más relevante.

Un aumento real como el acordado contrasta con la evolución de los salarios en la economía e implica un alza del costo laboral de las PYME

Un aumento real como este contrasta con la evolución de los salarios en la economía, donde se observan caídas anualizadas de poder adquisitivo por 16 meses consecutivos, lo que da cuenta del desequilibrio existente en el mercado del trabajo. En efecto, la recesión ha moderado la creación de nuevos empleos, lo que probablemente es más notorio en empresas de menor tamaño, habitualmente más afectadas por los ciclos recesivos con altas tasas de interés.

Un incremento tan significativo del salario mínimo podría tener fundamentos en una recuperación vigorosa del crecimiento y/o un aumento de la productividad del trabajo. Lamentablemente, ambas condiciones están ausentes en el escenario base de nuestra economía, por lo cual esta decisión de política pública podría generar los efectos indeseados de la fijación de un precio mínimo por sobre el equilibrio, es decir, mayor desempleo e informalidad laboral.

En la última negociación, donde participaron las PYME, se estableció un subsidio para ayudarlas a pagar el incremento definido, que sobrepasaba lo otorgado naturalmente por la situación económica. En la discusión parlamentaria que se avecina es necesario tener a la vista el uso del subsidio y el costo que ello generó al Tesoro Público.

Por desgracia, es posible que el debate parlamentario se centre en elevar dicho subsidio, más que en los valores de reajuste propiamente tal, con lo cual se sigue fijando un salario en desequilibrio, financiado con recursos públicos que han aportado vía impuestos, en parte, esas mismas empresas y trabajadores.

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